De acuerdo con el art\u00edculo 90 de la Ley Org\u00e1nica de Participaci\u00f3n Ciudadana, est\u00e1n obligados a rendir cuentas las autoridades del Estado, ya sean electas por voto popular o de libre remoci\u00f3n, sin distinci\u00f3n del nivel o funci\u00f3n que ejerzan; los representantes legales de las empresas p\u00fablicas, as\u00ed como las personas jur\u00eddicas del sector privado que administren, gestionen o ejecuten fondos p\u00fablicos, o que desarrollen actividades de inter\u00e9s p\u00fablico mediante convenios, contratos, delegaciones o concesiones del Estado. Esta obligaci\u00f3n tambi\u00e9n se extiende a los medios de comunicaci\u00f3n social, quienes deber\u00e1n cumplirla a trav\u00e9s de sus representantes legales, en atenci\u00f3n a su influencia en la opini\u00f3n p\u00fablica y su corresponsabilidad en la construcci\u00f3n democr\u00e1tica. La rendici\u00f3n de cuentas constituye un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia, el control social y la participaci\u00f3n ciudadana en los asuntos de inter\u00e9s colectivo.<\/p>\n\n\n